25 AÑOS

Se cumplen 25 años desde que el socialismo de Suresnes tocó por primera vez poltrona en el año 82 con Felipe González. Durante la legislatura de Zapatero se ha tendido a la comparación con el expresidente González para alabar a este último. Es una realidad que la política golpista, antiespañola y sectaria de Zapatero ha hecho bueno, para una gran parte de la opinión pública a Felipe González. Pero esta realidad es, desde mi punto de vista, superficial. Es cierto que Felipe González no fallo como lo ha hecho Zapatero en una de las cuestiones esenciales para ser presidente de una nación: creer en la nación que se preside, es cierto que Felipe nunca acudió a una política sectaria guerra-civilista como lo ha hecho Zapatero, pero eso no puede hacer bueno o llevar al olvido, el sistema corrupto que instauro y en el que todavía hoy vivimos:

En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de "cambio" de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha.

En la primera legislatura socialista (1982-1986), el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación. El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de cien muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el Ejército para acabar con el peligro del golpismo. Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los dieciséis años, y una despenalización parcial del aborto.



El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decreta la expropiación forzosa de la empresa Rumasa:

Inicialmente se consideró el nacionalizar simplemente el holding expropiado, pero después se procedió a su reprivatización. No pudiendo encontrar un comprador para todo el Holding, debido a su gran tamaño, el Estado comenzó a vender empresas sueltas. Este proceso duró varios años. Uno de los casos más comentados fue el de la venta de Galerías Preciados. Galerías Preciados era la cadena de Grandes Almacenes con presencia en la mayor parte de las capitales españolas. Fue vendida por el Estado a los hermanos venezolanos Gustavo y Ricardo Cisneros, amigos personales de Felipe González. El precio de venta fue de 216 millones de pesetas, poco después, estos la revendieron a la empresa británica Mountleigh por 30.000 millones de pesetas. Finalmente, El Corte Inglés compró a su antiguo rival, absorbiendo todos sus centro comerciales. El Estado tuvo que recurrir a una emisión de deuda pública especial de 560.000 millones de pesetas para seguir manteniendo la empresa en funcionamiento mientras que encontraba compradores privados para las empresas que formaban el Holding. Finalmente, estos gastos superaron el billón (un millón de millones) de pesetas.El Tribunal Supremo abrió 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devolvieran 163 empresas del holding, pronunciándose en contra de la reversión. Ruiz-Mateos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la valoración de las sociedades o justiprecio (precio por acción). En 96 sociedades la valoración fue positiva y se pagaron 70,6 millones de euros a los accionistas y en 126 fue negativa.


El 12 de junio de 1997 la Audiencia Nacional absuelve a Ruiz Mateos y a otros cuatro acusados de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se consideran probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos producidos en el Código Penal no encuentra culpables a los acusados. El 25 de marzo de 1999, el Tribunal Supremo confirmó dicha absolución, librándole de la fianza de responsabilidad civil. El caso Rumasa posiblemente constituya el precedente de la vulneracion de uno de los principios en que se inspira toda democracia: el principio de division de poderes. El gobierno de Felipe Gonzalez "guio" totalitariamante a su judicatura hacia la ratificación de la expropiacion de Rumasa.


El 1 de enero de 1986, España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea. Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la alianza militar occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía.

En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta. La segunda legislatura socialista (1986-1989) estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un Estado del Bienestar en España. El crecimiento económico y las medidas liberalizadoras del gobierno trajeron un aumento de las diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales. Los sindicatos CC.OO. y UGT organizaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. El país se paralizó y Felipe González tuvo que negociar la retirada parcial de su programa liberalizador.

En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos. En esta tercera legislatura del PSOE (1989-1993), España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla que mostraron una imagen de país moderno.

Sin embargo, la recesión mundial iniciada principios de los noventa golpeó duramente a nuestro país. La crisis económica, agravada por la incorrecta política económica del gobierno, disparó la inflación y el paro llegó a la dramática cifra de tres millones de desempleados. La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción:

Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.

Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.


Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y


Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:

Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:


Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE (hermano de Alfonso Guerra y FILESA) que afectaron al gobierno socialista.


Caso Guerra: llamado así por Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra,procesado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.

Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.

Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.

A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la "guerra sucia" contra ETA. Entre sus operaciones están:

4 de diciembre de 1983: secuestro de Segundo Marey en Hendaya, debido a confundirlo con Mikel Lujúa (presunto miembro de ETA), por parte de mercenarios franceses contratados por la policía española. Se exigió a Francia la liberación de los policías españoles detenidos en octubre. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre, y Marey el día 13.

18 de noviembre de 1984: asesinato por disparos desde una moto a un bailarín llamado Christian Olaskoaga en Biriatu. No tenía ninguna relación con ETA ni su entorno.

17 de febrero de 1986: asesinato por disparos a Christophe Matxikote y Catherine Brion. No tenian ninguna relación con ETA ni su entorno. Atentado no reivindicado.


24 de julio de 1987: asesinato por disparos a Juan Carlos García Goena. Aunque el atentado no fue reivindicado los detenidos acusaron al GAL de haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA ni su entorno.

La corrupción generalizada y el terrorismo de estado, fueron por tanto, la política felipista en esta legislatura. Con el fin de evitar responsabilidades penales, el gobierno de Felipe utilizó los servicios de inteligencia y el dinero público para perseguir y amenazar a todo aquél que buscase la verdad de la actividad delictiva de su gobierno. Uno de los objetivos, fue el periodista que mas lucho por dar luz al felipismo terrorista y corrupto: Pedro J, que fue objeto de un video grabado mediante cámara oculta por, entre otros de los condenados por ello, el ex asesor de La Moncloa en la época de Felipe González, Ángel Patón.

Pero aún así, en las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer aunque esta vez sin mayoría absoluta por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergència i Unió de Pujol. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país (1993-1996). Las dificultades económicas, los escándalos y la dura campaña de la oposición llevaron a que, tras negarle Pujol el apoyo para aprobar los presupuestos, Felipe González convocara elecciones en 1996. Jose María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado su fin.