EL GOBIERNO Y SUS SINDICATOS

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han encontrado una nueva vía de financiación: las pensiones de los trabajadores de la Administración del Estado. Ambos sindicatos son accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestionará dicho plan de pensiones, que antes de noviembre recibirá una primera aportación de dinero público de 55 millones de euros.

Además, ha existido una ‘autocontratación’ apoyada por el Gobierno, ya que los sindicatos formaron parte de la comisión que adjudicó el contrato. Comisiones Obreras y UGT son organizaciones que viven del dinero público. Los ingresos que aportan las cuotas de sus afiliados equivalen a una mínima parte del presupuesto de gastos, lo que les obliga a buscar fuentes de financiación externas.El último recurso que han encontrado es el plan de pensiones de la Administración del Estado, cuya gestión ha sido adjudicada a una empresa de la que son accionistas ambos sindicatos. Si ya resulta sorprendente que se dediquen a hacer negocio con las pensiones, aún lo es más la forma en que se eligió a la gestora del plan: CCOO y UGT formaron parte del órgano de contratación y, al mismo tiempo, son dueños del 30 por ciento de la empresa contratada. Y todo con el apoyo del Gobierno socialista, cuyos representantes votaron a favor de la autocontratación sindical.

Este plan de pensiones es el mayor de toda España por número de partícipes, 530.000 trabajadores de la Administración, cifra que incluye a altos cargos, funcionarios de carrera e interinos y personal contratado. La única condición es que tengan una antigüedad de dos años. Para tener una idea de la magnitud de este fondo, basta indicar que a finales del pasado año no llegaba a 700.000 el número de españoles que contaban con un plan similar. El Gobierno deberá realizar una aportación inicial de 55 millones de euros antes de noviembre y, a partir de 2005, contribuirá con una cantidad anual que se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores podrán, por su parte, efectuar ingresos individuales. El origen de este plan de pensiones privado está en un acuerdo alcanzado, en noviembre de 2002, por el Gobierno del PP y los sindicatos.

La adjudicación del plan se le encomendó a una Comisión Promotora, que estaba formada por 22 miembros, 11 representantes de la Administración y 11 de los trabajadores. De estos últimos, 4 eran de CCOO, 4 de UGT y 3 de CSI-CSIF. El 5 de abril de 2004, se publicó en el BOE el anuncio del concurso de adjudicación. En total, se presentaron siete ofertas lideradas por las principales entidades financieras: BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). El interés de los grandes bancos del país es más que comprensible, ya que los planes de pensiones de los funcionarios son los que cuentan con mayor patrimonio en todo el mundo. Así que el asunto olía claramente a negocio.Las entidades financieras actúan como depositarias del dinero y para el concurso iban acompañadas de una gestora de fondos, en todos los casos controlada por el banco respectivo. Esta gestora obtiene sus beneficios de las comisiones que cobra.

En una primera selección quedaron eliminadas las ofertas de Caja Madrid, Banco Popular y Banco Sabadell. Finalmente, el pasado 6 de julio, la Comisión Promotora adjudicó el concurso a la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, cuyo accionariado está formado de la siguiente forma: 70 por ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT. Ambos sindicatos son también accionistas de Fonditel, otra gestora que quedó finalista. Gestión de Previsión y Pensiones es una empresa que genera importantes ganancias anuales. De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Madrid, en 2002 obtuvo unos beneficios de 1,3 millones de euros. El 70 por ciento de esta cantidad se destinó a reparto de dividendos. O sea que, al menos en este caso, Comisiones y UGT actúan como empresarios que cumplen con la máxima de la acumulación de capital.

De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones y sobre contratos públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser ilegal, ya que están obligados a abstenerse en el proceso de contratación quienes tengan intereses en las empresas adjudicatarias. Por tanto, los ocho miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no podrían haber participado en la decisión. Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantiene que la adjudicación es “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene naturaleza privada”. Es más, el portavoz del ministerio que dirige Jordi Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos estén en el accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar y defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe cualquier persona que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de mercado, resulta incorrecta: el control de la gestión corresponde a los miembros del consejo de administración, mientras que los accionistas son los dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos.

Para controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista. En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se apoya en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe, se concluye que la Comisión Promotora del plan de pensiones “no es un órgano de la Administración Pública”. En consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora deben someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado general del Estado, Arturo García-Tizón, el pasado 31 de marzo. Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente que los miembros de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la opción de someter la adjudicación del contrato a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), como garantía de objetividad y transparencia del proceso”.

El ministerio de Sevilla mantiene que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la autocontratación practicada por los sindicatos. La adjudicación ha sido recurrida por dos organizaciones sindicales que la consideran ilegal. Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con representación en Madrid, anunció el pasado mes de julio en el diario El Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato. Además, la Federación de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso en el mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la Mesa General de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado una carta al ministro Jordi Sevilla explicándole las supuestas irregularidades.