HACIA LA DICTADURA SOCIALISTA VII

El Congreso aprueba la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al ratificar por mayoría las enmiendas introducidas en el Senado al texto, incluida la que elimina el carácter vinculante de las decisiones del Consejo Fiscal.

Todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, apoyaron la modificación del texto; y, aunque CiU también lo respaldó, votó en contra de la enmienda que establece que el criterio del Consejo Fiscal no sea preceptivo para el fiscal general en sus propuestas de nombramientos y ascensos, uno de los aspectos más polémicos.

Además, el nuevo Estatuto Fiscal, que sustituye a la normativa vigente desde 1981, introduce otras novedades como la creación de la figura del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, fija un mandato de cuatro años para el cargo del Fiscal General del Estado y causas tasadas para su cese, además de la obligatoriedad de que éste comparezca ante el Congreso antes de ser designado.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha destacado que la aprobación del Estatuto Fiscal servirá para conseguir una "mayor autonomía para la Fiscalía General del Estado y mayor funcionalidad por dos vías: la nueva estructuración territorial y por la profundización en la especialización".

Entre las novedades, destacó que el nuevo estatuto fiscal se adapta al modelo de Estado con la creación de un fiscal superior en cada comunidad autónoma.

Bermejo explicó que "no es normal" que hasta ahora cada fiscal se relacionara con el fiscal general del Estado cuando España se compone de 17 autonomías, cada una de las cuales contará en adelante con un fiscal superior que coordinará los trabajos del ministerio en su región.
El ministro también ensalzó la especialización de los fiscales en distintas materias, como violencia de género o asuntos administrativos, así como la creación de los fiscales de sala como "unidad mínima".

En su opinión, el fiscal general del Estado será "más autónomo" a partir de ahora con respecto al Gobierno, ya que antes de ser nombrado tendrá que comparecer en el Parlamento y en el caso de ser cesado habrá que ajustarse a los preceptos incluidos en la ley.

Bermejo incidió en la "autonomía presupuestaria" que la nueva ley concede a la Fiscalía, ya que se da "un paso adelante" al otorgar una partida independiente e individualizada en los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, criticó que los dirigentes del Partido Popular "se rasguen las vestiduras" por la denominada "enmienda Bermejo", que permite al fiscal general aprobar ascensos sin tener en cuenta la opinión del Consejo Fiscal, cuando ellos nombraron a Jesús Cardenal con un fuerte rechazo político.

elmundo.es

Desde Moncloa.es, la Presidencia del Gobierno, nos resume "a su manera", los principales puntos de la Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y lo hace de la manera siguiente:

- Esta reforma dará al ministerio público mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento del mandato constitucional de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

- Se modifica el régimen de nombramiento del Fiscal General del Estado, con el fin de reforzar su autonomía. El candidato propuesto por el Gobierno deberá comparecer ante una comisión del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey.

- Se introducen causas tasadas de cese del Fiscal General, que puede revisar el Tribunal Supremo: petición propia, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley , incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y fin del mandato del Gobierno que lo propusiera.

- El Fiscal General tendrá un mandato de 4 años, no renovable, excepto cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, caso en que sí podría ser renovado.

- Se amplía el plazo máximo de duración de las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada , pasando su duración máxima de 6 a 12 meses.

- Se apuesta por la especialización de fiscales, como respuesta a las nuevas formas de criminalidad que han surgido en los últimos tiempos. Se potencian las Fiscalías Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada , que asumen nuevas competencias.

- El Estatuto acomete una reorganización territorial, mediante la creación del Fiscal Superior de la Comunidades Autónomas , que sustituirá a los actuales fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Aunque el Gobierno y nuestro Ministro de Justicia, nos quieran decir, que esta Reforma profundiza en la autonomía del Ministerio Fiscal, que adapta su organización al "Estado de Autonomías", o que se avanza en la especialización de los Fiscales para perseguir más eficazmente las nuevas formas de delincuencia, lo cierto es que esta Reforma no hace sino introducir más política en el Ministerio Fiscal.

No se puede ver en esta Reforma un avance en la autonomía de la Institución, porque la pura y simple realidad es que el poder político quiere controlar la fiscalía. La reforma es pésima y supone un nuevo varapalo para la institución del Ministerio Fiscal, los aspectos negativos de dicha reforma pesan más que los positivos.

La reforma se ha elaborado y aprobado a las espaldas de la Carrera Fiscal y con la oposición radical y enérgica de la Asociación de Fiscales.

1.- Pone de manifiesto que el Fiscal General del Estado sigue dependiendo del Gobierno, y más que de Fiscal General del Estado, podría hablarse del Fiscal General del Gobierno, lo que se evidencia en el hecho de que éste cesará en sus funciones, al cesar el Gobierno que lo propuso. Lo lógico sería, que una vez nombrado el Fiscal General, por el Gobierno, previa audiencia del Consejo General del Poder Judicial (tal y como preve nuestra Constitución), éste se apartara del Ejecutivo de turno, para poder llevar a cabo sus funciones bajo los principios de legalidad e imparcialidad, tal y como se establece en los artículos 6 y 7 respectivamente, del estatuto del Ministerio Fiscal, lo cuál no sucede ni de lejos, pese a que esto sería lo ideal, para una buena marcha de la Administración de Justicia.

2.- Se desactiva el Consejo Fiscal, y se le priva de las facultades de informe en el nombramiento de los cargos, se desnaturaliza en definitiva al Consejo Fiscal, como órgano representativo de la carrera fiscal, lo cuál no tiene precedente en ninguna otra democracia de nuestro entorno.

3.- Se introduce la consideración de los idiomas cooficiales de las Comunidades Autónomas como mérito determinante para ocupar una plaza en tales destinos, lo cuál pone en tela de juicio, el derecho fundamental de "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos" del Artículo 23. 2 CE, así por ejemplo los opositores madrileños que no sepamos catalán, lo tendremos más difícil, para llegar a ser Fiscales en Cataluña, mientras que los catalanes y catalán- hablantes, podrán tener más fácil ocupar un puesto en Cataluña y no encontrarán dificultad tampoco a la hora de ocupar un puesto en aquellos territorios de España en los que tan sólo se habla castellano, lo que supondrá el incremento de los problemas de vacantes existentes gravemente perjudiciales para la buena marcha de la Administración de Justicia.

4.- Se produce un retroceso en el sistema de garantías de los Fiscales, el régimen disciplinario de los Fiscales mantiene la intervención del Ministerio de Justicia y se hace más duro que el de los Jueces.

5.- Se mantiene el sistema de remoción de los Fiscales Jefes, sin necesidad de expediente disciplinario alguno.

6.- El sistema organizativo, adolece de numerosas lagunas y da lugar a más burocracia.

En definitiva, esta Reforma produce un retroceso en la autonomía tanto interna como externa de la institución e introduce más política en los nombramientos. Nos digan lo que nos digan desde el Gobierno, la realidad es que se trata de un ASALTO A CARA DESCUBIERTA AL MINISTERIO FISCAL Y A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

¿ SERÁ EL PROPÓSITO DE LA REFORMA, CONSEGUIR LA IMPUNIDAD DEL GOBIERNO, DE SUS COMPAÑEROS DEL FRENTE POPULAR Y DE LOS TERRORISTAS ETARRAS?