POLÍTICA ESTATUTARIA: HACÍA EL ESTADO CONFEDERAL

Que el Gobierno de Zapatero haya permitido que cada comunidad autónoma pueda proceder a las modificaciones de su texto estatutario que sus respectivos órganos de gobierno consideren pertinentes, sin existir un acuerdo previo de conjunto acerca de cuestiones fundamentales como las competencias, la financiación, las relaciones institucionales, etc., es algo peor que una imprudencia: es una locura que, por carecer de parentesco alguno con el modelo federal , lo aproxima peligrosamente al confederal. Se repiten,a diario, las invocaciones al Estado Federal sin advertir que este jamas permitiría un proceso de modificaciones de la textura autonómica como el que se esta produciendo en nuestro país.En los sistemas federales es muy claro que los estados federados forman un todo (Estado Federal) y estas no pueden llevar a cabo modificaciones que toquen la estructura del Estado Federal sin contar con éste.


Se nos dirá que, para armonizarlo todo, esta prevista la intervención de las Cortes generales, con los poderes ya vistos, para examinar y aprobar las reformas. Pero limitarse a ella olvida un dato fundamental de la realidad que a nadie pasa desapercibido: la existencia de territorios españoles con clara vocación secesionista. Por eso, las previsiones de reforma estatutaria en España viven en la peligrosa inopia de considerar nuestro país como un país integrado, armónico, en el que las partes que lo conforman creen en el todo que las aglutina. No hace falta mucha lucidez para pronosticar que un Estatuto procedente de la Asamblea Legislativa de una CC.AA donde exista tensiones independentistas que no sea respetado en su integridad por las Cortes generales se convertirá automáticamente y totalitariamente en bandera a agitar para el próximo envite. Estos envites siempre existirán porque los nacionalismos solo se justifican si disponen de algo que reivindicar al que consideran un poder colonizador.


Ahora bien, que los nacionalismos busquen reivindicaciones para su propia supervivencia es lógico pero que estas se las proporcione el Gobierno de España resulta patético. Con una eventual declaración de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña por el TC ya esta servido por el nacionalismo el conflicto totalitario: la voluntad del TC ha doblegado la voluntad popular.


Por tanto nunca se debió iniciar este proceso estatutario sin acuerdo previo de todos y nunca por exigencias coyunturales de apoyos políticos y parlamentarios. Que una determinada CC.AA se quiera arreglar su "asunto" de la manera mas rentable que le resulte posible, forma parte de lo normal pero que se respalde por el Estado es una manifestación de ligereza mental cuyo alcance se irá viendo.