ARTÍCULO 11
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
viernes, 21 de septiembre de 2007
jueves, 20 de septiembre de 2007
EL DIARIO EL PAÍS CONTRA ZAPATERO Y CHACÓN
Hace dos días, el diario inane se despachó a gusto en su editorial contra la medida sobre el alquiler que presentaron en la mismísimas escalinatas de la Moncloa, el miserable Presidente del Gobierno y la flamante ministra de vivienda:
"Resulta un poco ridículo que el Gobierno presente como nueva una política de ayudas que ya existe. El hecho de que la subvención patrocinada por Carmen Chacón se aplique a rentas de hasta 24.000 euros en lugar del ámbito más reducido de la norma aprobada en julio de 2004, no es causa suficiente para pronosticar que estamos ante un tratamiento novedoso y casi definitivo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda. Existe, además, una objeción de orden estratégico: la subvención directa, en versión Trujillo o en la extendida copia de Chacón, estimula la demanda de alquileres, pero el principal problema del alquiler en la actualidad es la oferta de pisos que puedan arrendarse. Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido convencer a los propietarios de pisos libres de que el mercado del alquiler es una opción rentable. Sin oferta, los jóvenes no encontrarán un alquiler por el que puedan solicitar los 210 euros previstos.
Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas".
Contestando al editorial de El País, Carmen Chacón, envió una carta al diario El País. La titular de Vivienda dice que leyó "con estupor" la información con la que abría el miércoles este diario, por sus "inexactitudes y errores". La ministra dijo que su plan beneficia a 55 veces más personas que el anterior y cuesta 25 veces más. Además, se permitió sugerir al director de este diario que tenga "un mínimo de coherencia entre sus páginas de información y de opinión y una mayor consideración a la inteligencia de sus lectores. ¿Si las medidas propuestas son un calco de una en vigor, como sostiene su información, por qué se preocupa su editorialista por los 415 millones que cuesta la nueva medida?", se preguntó Chacón en su carta.
Viendo la discusión entre la ministra y su periódico podríamos deducir que el diario El País dejó de ser por un día el diario del gobierno para guiarse por el sentido común. Siendo verdad lo primero, lo segundo esta muy lejos de la realidad. La argumentación utilizada por diario EL PAÍS puede parecer objetiva porque refleja lo que es en si la medida: un sinsentido sino estuvieran cerca las elecciones. Pero su crítica no rebosa otra cosa que miedo escénico. Ha aparecido un grupo empresarial, la SEXTA, que se ha convertido en el gran peligro para su monopolio periodístico- audiovisual. Si en la televisión, la cadena CUATRO ( PRISA) compite por el flanco progre con la SEXTA, en los derechos del fútbol están enfrentados AUDIOVISUAL SPORT (PRISA) Y MEDIAPRO ( la SEXTA). Además en las próximas semanas el grupo de la SEXTA va a sacar a la venta un nuevo periódico de linea sectaria zapateril que amenaza al diario EL PAÍS.
Pero estos dos grupos empresariales tienen distintos enfoques. Mientras el diario EL PAÍS, posiblemente pensando que Zapatero iba a durar poco, se decantó por la línea felipista-rubalcabista, el nuevo grupo lo ha hecho por Zapatero. A estos datos hay que sumar para entender del todo el editorial de EL PAÍS, un matiz rosa. La ministra Chacón está enrollada con Miguel Barroso (éste compitió por ella con Rubalcaba) ex-secretario de comunicación y "culpable" de la concesión de la licencia en analógico a la SEXTA.
La realidad dice, por tanto, que, o Zapatero solventa bien este problema entre los dos grupos empresariales o verá de aquí en adelante más de un editorial como el del miércoles. Bienvenida sea la lucha entre estos grupos si ello supone que Zapatero pierde el apoyo de uno de los factores fundamentales para mediatizar a la opinión pública y conseguir la poltrona: el diario EL PAÍS.
"Resulta un poco ridículo que el Gobierno presente como nueva una política de ayudas que ya existe. El hecho de que la subvención patrocinada por Carmen Chacón se aplique a rentas de hasta 24.000 euros en lugar del ámbito más reducido de la norma aprobada en julio de 2004, no es causa suficiente para pronosticar que estamos ante un tratamiento novedoso y casi definitivo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda. Existe, además, una objeción de orden estratégico: la subvención directa, en versión Trujillo o en la extendida copia de Chacón, estimula la demanda de alquileres, pero el principal problema del alquiler en la actualidad es la oferta de pisos que puedan arrendarse. Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido convencer a los propietarios de pisos libres de que el mercado del alquiler es una opción rentable. Sin oferta, los jóvenes no encontrarán un alquiler por el que puedan solicitar los 210 euros previstos.
Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas".
Contestando al editorial de El País, Carmen Chacón, envió una carta al diario El País. La titular de Vivienda dice que leyó "con estupor" la información con la que abría el miércoles este diario, por sus "inexactitudes y errores". La ministra dijo que su plan beneficia a 55 veces más personas que el anterior y cuesta 25 veces más. Además, se permitió sugerir al director de este diario que tenga "un mínimo de coherencia entre sus páginas de información y de opinión y una mayor consideración a la inteligencia de sus lectores. ¿Si las medidas propuestas son un calco de una en vigor, como sostiene su información, por qué se preocupa su editorialista por los 415 millones que cuesta la nueva medida?", se preguntó Chacón en su carta.
Viendo la discusión entre la ministra y su periódico podríamos deducir que el diario El País dejó de ser por un día el diario del gobierno para guiarse por el sentido común. Siendo verdad lo primero, lo segundo esta muy lejos de la realidad. La argumentación utilizada por diario EL PAÍS puede parecer objetiva porque refleja lo que es en si la medida: un sinsentido sino estuvieran cerca las elecciones. Pero su crítica no rebosa otra cosa que miedo escénico. Ha aparecido un grupo empresarial, la SEXTA, que se ha convertido en el gran peligro para su monopolio periodístico- audiovisual. Si en la televisión, la cadena CUATRO ( PRISA) compite por el flanco progre con la SEXTA, en los derechos del fútbol están enfrentados AUDIOVISUAL SPORT (PRISA) Y MEDIAPRO ( la SEXTA). Además en las próximas semanas el grupo de la SEXTA va a sacar a la venta un nuevo periódico de linea sectaria zapateril que amenaza al diario EL PAÍS.
Pero estos dos grupos empresariales tienen distintos enfoques. Mientras el diario EL PAÍS, posiblemente pensando que Zapatero iba a durar poco, se decantó por la línea felipista-rubalcabista, el nuevo grupo lo ha hecho por Zapatero. A estos datos hay que sumar para entender del todo el editorial de EL PAÍS, un matiz rosa. La ministra Chacón está enrollada con Miguel Barroso (éste compitió por ella con Rubalcaba) ex-secretario de comunicación y "culpable" de la concesión de la licencia en analógico a la SEXTA.
La realidad dice, por tanto, que, o Zapatero solventa bien este problema entre los dos grupos empresariales o verá de aquí en adelante más de un editorial como el del miércoles. Bienvenida sea la lucha entre estos grupos si ello supone que Zapatero pierde el apoyo de uno de los factores fundamentales para mediatizar a la opinión pública y conseguir la poltrona: el diario EL PAÍS.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ARTÍCULO 10
ARTÍCULO 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.
´
El Artículo 10, sirve de pórtico a todo el Título I de la CE que lleva por rúbrica "De los derechos y deberes fundamentales", que se divide en un total de 5 Capítulos, precedidos por el citado precepto constitucional.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.
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El Artículo 10, sirve de pórtico a todo el Título I de la CE que lleva por rúbrica "De los derechos y deberes fundamentales", que se divide en un total de 5 Capítulos, precedidos por el citado precepto constitucional.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
LA INMADUREZ DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
Desde hace algún tiempo se están dando en la opinión publica debates que revelan que nuestra democracia esta inmersa en un grave proceso de INMADUREZ DEMOCRÁTICA.
La sociedad española discute sobre si Fidel Castro o Chaves son unos dictadores, si se debe negociar políticamente con ETA y concederla todas o algunas de sus pretensiones, si las víctimas de ETA deben tener voz o no respecto de la política del Gobierno, si el partido político de ETA puede hacer política, si la bandera española debe o no debe ondear en la edificios oficiales, si la bandera española es o no es un símbolo fascista, si los ataques terroristas y el acoso político al PP están justificados o no, si la monarquía española es legitima, si el PP es un partido fascista, si el Estado debe financiar a la Iglesia Católica, si debe existir libertad religiosa para los católicos, si se deben legalizar la eutanasia y el aborto, esto es, el asesinato; si las mujeres del Islam pueden llevar burka o chador en nuestro país, si los soldados de nuestro ejército deben morir combatiendo, si en una parroquia católica se puede comulgar con rosquillas...
Estas discusiones reflejan que la sociedad no conoce, y lo mas lamentable de todo, que no quiere conocer, lo que es la democracia y el Estado de Derecho, que la democracia es algo mas que la participación libre, igual y secreta de los ciudadanos cada cita electoral. La democracia supone el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales para TODOS, como el derecho a la vida, como la libertad de expresión para pronunciarse (por ejemplo, contra la política del gobierno de tu país), o como la libertad ideológica para formarse cada uno su moral, incluida la católica, y actuar de acuerdo a la misma. Y que sin los derechos y libertades fundamentales reconocidos y garantizados nos encontrariamos ante una DICTADURA.
Y que el estado de derecho no es otra cosa que la aplicación de la ley y el sometimiento de TODOS a la misma en cuanto que es expresión de la voluntad popular. Por tanto, no se puede discutir o excepcionar (salvo supuestos recogidos en la propia ley y el derecho constitucional a la objeción de conciencia) la aplicación de la ley so pena de que no encontremos en algo distinto a un estado de derecho: una DICTADURA.
La sociedad española discute sobre si Fidel Castro o Chaves son unos dictadores, si se debe negociar políticamente con ETA y concederla todas o algunas de sus pretensiones, si las víctimas de ETA deben tener voz o no respecto de la política del Gobierno, si el partido político de ETA puede hacer política, si la bandera española debe o no debe ondear en la edificios oficiales, si la bandera española es o no es un símbolo fascista, si los ataques terroristas y el acoso político al PP están justificados o no, si la monarquía española es legitima, si el PP es un partido fascista, si el Estado debe financiar a la Iglesia Católica, si debe existir libertad religiosa para los católicos, si se deben legalizar la eutanasia y el aborto, esto es, el asesinato; si las mujeres del Islam pueden llevar burka o chador en nuestro país, si los soldados de nuestro ejército deben morir combatiendo, si en una parroquia católica se puede comulgar con rosquillas...
Estas discusiones reflejan que la sociedad no conoce, y lo mas lamentable de todo, que no quiere conocer, lo que es la democracia y el Estado de Derecho, que la democracia es algo mas que la participación libre, igual y secreta de los ciudadanos cada cita electoral. La democracia supone el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales para TODOS, como el derecho a la vida, como la libertad de expresión para pronunciarse (por ejemplo, contra la política del gobierno de tu país), o como la libertad ideológica para formarse cada uno su moral, incluida la católica, y actuar de acuerdo a la misma. Y que sin los derechos y libertades fundamentales reconocidos y garantizados nos encontrariamos ante una DICTADURA.
Y que el estado de derecho no es otra cosa que la aplicación de la ley y el sometimiento de TODOS a la misma en cuanto que es expresión de la voluntad popular. Por tanto, no se puede discutir o excepcionar (salvo supuestos recogidos en la propia ley y el derecho constitucional a la objeción de conciencia) la aplicación de la ley so pena de que no encontremos en algo distinto a un estado de derecho: una DICTADURA.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ARTÍCULO 9.2 y 3.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
El Artículo 9.2 CE es manifestación del Estado Social y consagra el principio de Igualdad Material. La trascendencia de este artículo es subrayada: A) Es claúsula que obliga a integrar la igualdad jurídica del Art. 14 CE; y B) Es un principio limitador y promotor de la actividad de los poderes públicos.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Se consagran en el citado precepto constitucional los llamados Principios Constitucionales, que son:
1.- Legalidad: Es la materialización jurídica del valor de la ley, como expresión de la voluntad general. Aún cuándo tiene caracter general, su destinatario principal es la Administración (Art. 103 CE)
2.- Jerarquía Normativa: Es expresión del valor superior y a la vez abstracto de la Ley, supone sancionar entre las normas legales una escala jerárquica normativa, dotando a unas normas de una mayor fuerza de obligar que a otras, de manera que las del nivel superior, puedan disponer de las del nivel inferior, y en ningún caso a la viceversa.
3.- Publicidad Normativa: principio que ya estaba reconocido con anterioridad a la Constitución de 1978, en el Art. 2.1 del Código Civil, y que también se regula actualmente en los Arts. 91 y 96 de la vigente Constitución.
4.- Seguridad Jurídica: De la que puede deducirse la previsibilidad de actuación de los poderes públicos; según el TC "Sólo en un Estado en que la Seguridad Jurídica sea valor dominante, pueden tener los ciudadanos reconocidos sus derechos y libertades".
5.- Irretroactividad: El Art. 9.3, se refiere en exclusiva a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos, de lo que se deduce la retroactividad de las disposiciones favorables. (Irretroactividad significa que una ley no puede ser aplicada a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley)
6.- Responsabilidad de los poderes Públicos: Que tiene distintas manifestaciones: Art. 106. 3 CE relativo a la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de sus servicios; Art. 121 CE, relativo al deber de indemnización por el funcionamiento de la Justicia; Art. 102 CE, que ser refiere a la responsabilidad del Presidente y miembros del Gobierno.
7.- Interdicción de la arbitrariedad de los poderes Públicos: Íntimamente vinculado al principio de sujección a la CE y leyes y al de seguridad jurídica. (Interdicción = Prohibición)
El Artículo 9.2 CE es manifestación del Estado Social y consagra el principio de Igualdad Material. La trascendencia de este artículo es subrayada: A) Es claúsula que obliga a integrar la igualdad jurídica del Art. 14 CE; y B) Es un principio limitador y promotor de la actividad de los poderes públicos.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Se consagran en el citado precepto constitucional los llamados Principios Constitucionales, que son:
1.- Legalidad: Es la materialización jurídica del valor de la ley, como expresión de la voluntad general. Aún cuándo tiene caracter general, su destinatario principal es la Administración (Art. 103 CE)
2.- Jerarquía Normativa: Es expresión del valor superior y a la vez abstracto de la Ley, supone sancionar entre las normas legales una escala jerárquica normativa, dotando a unas normas de una mayor fuerza de obligar que a otras, de manera que las del nivel superior, puedan disponer de las del nivel inferior, y en ningún caso a la viceversa.
3.- Publicidad Normativa: principio que ya estaba reconocido con anterioridad a la Constitución de 1978, en el Art. 2.1 del Código Civil, y que también se regula actualmente en los Arts. 91 y 96 de la vigente Constitución.
4.- Seguridad Jurídica: De la que puede deducirse la previsibilidad de actuación de los poderes públicos; según el TC "Sólo en un Estado en que la Seguridad Jurídica sea valor dominante, pueden tener los ciudadanos reconocidos sus derechos y libertades".
5.- Irretroactividad: El Art. 9.3, se refiere en exclusiva a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos, de lo que se deduce la retroactividad de las disposiciones favorables. (Irretroactividad significa que una ley no puede ser aplicada a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley)
6.- Responsabilidad de los poderes Públicos: Que tiene distintas manifestaciones: Art. 106. 3 CE relativo a la responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de sus servicios; Art. 121 CE, relativo al deber de indemnización por el funcionamiento de la Justicia; Art. 102 CE, que ser refiere a la responsabilidad del Presidente y miembros del Gobierno.
7.- Interdicción de la arbitrariedad de los poderes Públicos: Íntimamente vinculado al principio de sujección a la CE y leyes y al de seguridad jurídica. (Interdicción = Prohibición)
PREMIOS BLOG SOLIDARIO
Un nuevo premio circula por la red, el "Premio al Blog Solidario". Recibir un premio de esta índole es una gran responsabilidad y todo un honor, por eso queremos mostrar nuestro agradecimiento a Draco, Zapatoveloz, Caballero ZP, Miguel A. R. Vacelar, Antipsoe, Wicek, Adivagar y Súmmum; por la confianza que depositan en nosotros al concedernos estos 8 premios, que recogemos con gran ilusión.
El premio “Blog Solidario”, se ha creado para destacar y dar a conocer aquellas bitácoras que consideramos que han sido solidarias, es decir que promueven valores tan loables como el auxilio, el apoyo y la cooperación activa con los demás.
Las reglas para este galardón son:
1.- Escribir un post mostrando el PREMIO y citar el nombre del blog que te lo regala y enlazarlo al post que te nombra. (De esta manera se podrá seguir la cadena).
2.- Elegir 7 blogs que creas que se han destacado alguna vez por ayudar, apoyar y compartir. Poner sus nombres y los enlaces a ellos. (Avisarles).
3.- Opcional. Exhibir el PREMIO con orgullo en tu blog haciendo enlace al post que escribes sobre él y lo otorgas a otros.
Ser premiado exige a su vez la responsabilidad de conceder tal premio a otros Blogs, y nuestros premios van dirigidos a:
Adamantio
Natalia Pastor
Martha Colmenares
Jóvenes y Libertad
Diencéfalo
El Ojo Derecho
Lobeznox
La verdad os hará Libres.
Caballero ZP
Draco
Calandria
Blog Nacional
Zapatoveloz
Adivagar
Enciende la Luz
El Cerrajero
España Libre
Consideramos que todos ellos son promotores y defensores de valores tales como la Libertad, la Democracia y los propios de todo Estado de Derecho, y por tanto merecedores de tan singular premio.
martes, 18 de septiembre de 2007
EL GOBIERNO UTILIZA A ESPAÑA PARA SEGUIR EN LA POLTRONA
EXPOLIO A ESPAÑA
La Constitución Española recoge los límites del gasto público. El art.31.2 establece que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía". Al mismo tiempo, el art 103 establece que "la Administración sirve con objetividad los INTERESES GENERALES y actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".También alude a la SOLIDARIDAD entre territorios el artículo 2 de la Constitución. La Constitución dice, por tanto, que el gasto publico debe ser EQUITATIVO y Administración debe servir a los INTERESES GENERALES.
El montante de los presupuestos de España que ha entregado Zapatero a Cataluña ha sido calculado, al margen de estos presupuestos constitucionales, atendiendo al criterio que recoge el Estatuto de esta región: su producto interior bruto. Se aplica una ley ( el Estatuto de Cataluña) que esta pendiente de fallo, sobre su constitucionalidad, por parte del Tribunal Constitucional.
El Gobierno tenia que decidir entre la Constitución o su poltrona y ha optado por lo segundo. Ha vuelto a repartir el gasto público en función de intereses de poltrona y no de los intereses generales y ha vuelto a practicar como lo ha hecho en los anteriores presupuestos, una política discriminatoria por razón de poltrona que hace añicos la cohesión nacional. Tranferir fondos presupuestarios a Cataluña para gastos no eficientes provocará que el socialismo se perpetué en el poder pero provocará también un desequilibrio económico entre los distintos territorios de España. Hará que en España haya comunidades de primera y de segunda.
LOS ANTISISTEMA LLEGAN A LAS INSTITUCIONES
Otra contribución de Zapatero y su partido en la legislatura que esta acabando es la introducción de los antisistema en las instituciones españolas. Ha colado a los antisistema de ERC en el Gobierno del Estado, en la Generalidad de Cataluña y en sus departamantos de gobierno y ahora pretende integrarlos en el Poder Judicial. Desde hace algún tiempo tiene una "hipoteca" pendiente con ERC y demás nacionalistas. Ésta consiste en darles papeles de actores en los órganos judiciales y de la justicia del estado español. Ahora toca asaltar el órgano de gobierno de los jueces: el CGPJ ( CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL), que entre sus funciones destaca:
- La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos, mayoría que se computará sobre la base de la totalidad de sus veintiún miembros, de:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.
b) Miembros del Tribunal Constitucional cuando así proceda.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
- Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
- Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y magistrados.
- Potestad reglamentaria en lo relativo a su personal, organización y funcionamiento y otros aspectos que desarrollen la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los términos previstos en ésta.
- Elaboración de informes sobre los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a determinadas materias, entre otras la organización, demarcación y planta judiciales.
Todas estas competencias y otras más son las que se quieren repartir Zapatero y sus amigos antisistema. El PP trata de impedirlo bloqueándolo con su mayoría. En ningún caso se trata de un bloqueo ilegal porque no va en contra de ninguna ley. Pero la maquina totalitaria del Gobierno de Zapatero ya se plantea sacar de la manga una ley que modifique la regulación actual de la renovacion del CGPJ y así poder quedarse con el mando de este órgano.
Pero lo mas sangrante de todo, democráticamente hablando, es que el Gobierno de Zapatero se ha embebido del antisistema de sus socios y se ha puesto a practicarlo. En numerosos ayuntamientos socialistas de Cataluña (como en Tarragona) y de las Vascongadas( Eibar,Durango...) no ondea la bandera española. Y Bermejo justifica el incumplimiento de la ley, diciendo que es mejor compartir la bandera y como los antisistema no la comparten, pues la bandera de ESPAÑA no ondea.
El asalto al CGPJ y excepcionar el cumplimiento de la ley son otros elementos más en la destrucción del régimen constitucional y en la construcción por este Gobierno de un estado dictatorial dirigido por el Frente Popular.
La Constitución Española recoge los límites del gasto público. El art.31.2 establece que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía". Al mismo tiempo, el art 103 establece que "la Administración sirve con objetividad los INTERESES GENERALES y actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".También alude a la SOLIDARIDAD entre territorios el artículo 2 de la Constitución. La Constitución dice, por tanto, que el gasto publico debe ser EQUITATIVO y Administración debe servir a los INTERESES GENERALES.
El montante de los presupuestos de España que ha entregado Zapatero a Cataluña ha sido calculado, al margen de estos presupuestos constitucionales, atendiendo al criterio que recoge el Estatuto de esta región: su producto interior bruto. Se aplica una ley ( el Estatuto de Cataluña) que esta pendiente de fallo, sobre su constitucionalidad, por parte del Tribunal Constitucional.
El Gobierno tenia que decidir entre la Constitución o su poltrona y ha optado por lo segundo. Ha vuelto a repartir el gasto público en función de intereses de poltrona y no de los intereses generales y ha vuelto a practicar como lo ha hecho en los anteriores presupuestos, una política discriminatoria por razón de poltrona que hace añicos la cohesión nacional. Tranferir fondos presupuestarios a Cataluña para gastos no eficientes provocará que el socialismo se perpetué en el poder pero provocará también un desequilibrio económico entre los distintos territorios de España. Hará que en España haya comunidades de primera y de segunda.
LOS ANTISISTEMA LLEGAN A LAS INSTITUCIONES
Otra contribución de Zapatero y su partido en la legislatura que esta acabando es la introducción de los antisistema en las instituciones españolas. Ha colado a los antisistema de ERC en el Gobierno del Estado, en la Generalidad de Cataluña y en sus departamantos de gobierno y ahora pretende integrarlos en el Poder Judicial. Desde hace algún tiempo tiene una "hipoteca" pendiente con ERC y demás nacionalistas. Ésta consiste en darles papeles de actores en los órganos judiciales y de la justicia del estado español. Ahora toca asaltar el órgano de gobierno de los jueces: el CGPJ ( CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL), que entre sus funciones destaca:
- La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos, mayoría que se computará sobre la base de la totalidad de sus veintiún miembros, de:
a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.
b) Miembros del Tribunal Constitucional cuando así proceda.
c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
d) El Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española, así como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad.
- Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
- Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y magistrados.
- Potestad reglamentaria en lo relativo a su personal, organización y funcionamiento y otros aspectos que desarrollen la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los términos previstos en ésta.
- Elaboración de informes sobre los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten a determinadas materias, entre otras la organización, demarcación y planta judiciales.
Todas estas competencias y otras más son las que se quieren repartir Zapatero y sus amigos antisistema. El PP trata de impedirlo bloqueándolo con su mayoría. En ningún caso se trata de un bloqueo ilegal porque no va en contra de ninguna ley. Pero la maquina totalitaria del Gobierno de Zapatero ya se plantea sacar de la manga una ley que modifique la regulación actual de la renovacion del CGPJ y así poder quedarse con el mando de este órgano.
Pero lo mas sangrante de todo, democráticamente hablando, es que el Gobierno de Zapatero se ha embebido del antisistema de sus socios y se ha puesto a practicarlo. En numerosos ayuntamientos socialistas de Cataluña (como en Tarragona) y de las Vascongadas( Eibar,Durango...) no ondea la bandera española. Y Bermejo justifica el incumplimiento de la ley, diciendo que es mejor compartir la bandera y como los antisistema no la comparten, pues la bandera de ESPAÑA no ondea.
El asalto al CGPJ y excepcionar el cumplimiento de la ley son otros elementos más en la destrucción del régimen constitucional y en la construcción por este Gobierno de un estado dictatorial dirigido por el Frente Popular.
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